El Parlamento Europeo está desarrollando una nueva legislación enfocada a promover la economía circular en la Unión Europea. Esta iniciativa busca reducir el desperdicio, fomentar la sostenibilidad y garantizar que los recursos se mantengan en uso durante el mayor tiempo posible. Algunos de los principales aspectos y medidas propuestas en la nueva normativa son:
Reducción de residuos alimentarios y textiles: Recientemente se ha alcanzado un acuerdo provisional para establecer metas obligatorias que reduzcan el desperdicio de alimentos en un 10% en la producción y un 30% en la distribución y consumo para 2030. Además, se implementarán requisitos más estrictos para la industria textil, que genera 12,6 millones de toneladas de residuos anualmente, obligando a los productores a financiar la recolección, clasificación y reciclaje de textiles mediante esquemas de responsabilidad ampliada del productor (EPR).
Eliminación de envases plásticos de un solo uso: Con la aprobación del Reglamento (UE) 2025/40 se establecen nuevos requisitos para el envasado y la gestión de residuos, promoviendo la sostenibilidad y la reducción de plásticos de un solo uso. Las empresas tienen hasta agosto de 2026 para adaptarse a esta ley, lo que transformará la presentación de productos en los supermercados y contribuirá a la neutralidad climática para 2050.
Incentivos fiscales para inversiones verdes: Acometiendo medidas concretas para reducir los costos energéticos y fomentar inversiones en tecnologías limpias. Entre las propuestas se incluyen incentivos fiscales, y la eliminación de impuestos no relacionados con la energía en las facturas eléctricas.
Facilitación de ayudas estatales para inversiones limpias: Simplificando las ayudas estatales para fomentar inversiones en industrias limpias y objetivos de descarbonización. Este plan, denominado “Clean Industrial Deal”, busca movilizar fondos privados incentivados con fondos públicos cuando sea necesario, mejorando la competitividad frente a Estados Unidos y China.
Por otra parte, la Directiva sobre el Derecho a Reparar, acordada provisionalmente en febrero de 2024, está pendiente de adopción formal por el Parlamento Europeo y el Consejo. Esta directiva facilitará a los consumidores la reparación de productos defectuosos, promoviendo la sostenibilidad y reduciendo los residuos.
En la actualidad, la tramitación de la nueva ley de economía circular se encuentra en la fase final de aprobación formal, con estimaciones que sugieren su adopción en los próximos meses y una implementación gradual de sus medidas en los años siguientes.
¿Qué supondría para Canarias la entrada en vigor de esta nueva normativa?
Fomento de la innovación y competitividad en la industria Canaria:
La adaptación a normativas europeas incentivará a las empresas canarias a desarrollar soluciones sostenibles y competitivas, posicionándose favorablemente en el mercado europeo.
Acceso a incentivos fiscales y financieros:
La legislación europea contempla medidas para reducir costos energéticos y promover inversiones en tecnologías limpias, lo que permitirá a las empresas canarias acceder a subvenciones y beneficios fiscales destinados a proyectos sostenibles.
Reducción de residuos y productos más sostenibles:
La prohibición de ciertos plásticos de un solo uso, la apuesta por el ecodiseño, o el fomento de la reutilización se traduce en una disminución de residuos, ofreciendo a los consumidores productos más ecológicos y opciones de compra responsables.
La directiva Green Claims garantizará que las afirmaciones ambientales de los productos estén verificadas, evitando el ‘greenwashing’ y asegurando que los consumidores canarios accedan a información veraz sobre la sostenibilidad de los productos.
En resumen, la entrada en vigor de la nueva legislación europea sobre economía circular, junto con las iniciativas locales, fortalecerá la sostenibilidad en Canarias, beneficiando tanto a la industria como a los consumidores mediante la promoción de prácticas responsables y la generación de nuevas oportunidades económicas.